El Partido Socialista expresa su más ENERGICO RECHAZO ante la resolución del Ministerio del Interior que cancela la residencia al Padre Paúl Mc Auley. Dicha medida sólo busca callar y amedrentar a los pueblos originarios y las comunidades nativas, así como a quienes trabajan con ellas en la lucha por defender sus derechos y su territorio. Es una amenaza contra quienes no temen denunciar a los grupos e intereses que solo buscan sacar provecho de nuestros recursos sin impórtales la contaminación, la explotación y la población excluida.

El Padre Paul Mc Auley no ha cometido delito alguno. Su “inaceptable intromisión en asuntos internos”, según el gobierno apro-fujimorista,  ha sido ser parte de la Red Ambiental Loretana, dedicada a informar y apoyar a la población Amazónica en la toma de conciencia de sus derechos fundamentales y en la defensa, valoración y adecuado uso de los recursos naturales de nuestra Amazonia, condición fundamental de la sostenibilidad de las comunidades nativas. Con este mismo argumento buscarán perseguir y deportar religiosos como el padre Mario Bartolini que trabaja en San Martín, defiendo a las comunidades nativas y campesinos de la zona frente al abuso de grandes corporaciones como la empresa Andahuasi y el grupo Romero;  al obispo de Chulucanas, Daniel Turley que apoya a los campesinos frente a los intentos de contaminación y manejo del agua por los grupos mineros; al responsable de la Vicaría de Jaén, Francisco Muguiro, muy vinculado a los pobres del campo; o a Monseñor José Luis Astigarra de Yurimaguas por las mismas razones. Ello apunta a perseguir a quienes vinculan su fe y su actividad religiosa con los más pobres y oprimidos y se oponen a que los mercaderes ocupen el templo para ponerlo a su servicio.

DENUNCIAMOS QUE ESTA MEDIDA ES PARTE DE LA CAMPAÑA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL, por parte del actual gobierno que busca hostigar a dirigentes, lideresas, líderes, organizaciones sociales, organismos no gubernamentales y partidos políticos que no comulgan con los grandes intereses económicos del gobierno y sus aliados.

DEMANDAMOS al gobierno la inmediata anulación de tal medida así como llamamos a la población en general a manifestarse en contra de la arbitrariedad y el abuso que se está cometiendo. 

COMISION POLITICA

PARTIDO SOCIALISTA