El Agua es de Todos

El Frente de Defensa de la Provincia de Espinar (FDPE) mantiene una huelga indefinida en protesta por la licitación del Proyecto Majes Siguas II, y la Ciudad de Cusco ha declarado un paro de 48 horas el 21 y 22 de setiembre. El Proyecto Majes Siguas II fue diseñado sin la participación del gobierno regional de Cusco para irrigar tierras en Arequipa sin reflejar una visión de desarrollo macroregional del sur. 

ProInversión dio la Buena Pro al consorcio Angostura, dos días antes de la fecha prevista y en sede distinta, pese a una orden judicial que disponía suspender la licitación. Mover así fecha y sede expresa la poca seriedad con la que se tomó las observaciones de la población y autoridades de Cusco y de Espinar.

El FDPE viene exigiendo, desde antes del paro, una mesa de diálogo con el presidente del Consejo de Ministros. La semana pasada una delegación de 69 comunidades de las poblaciones altoandinas de Espinar viajó a Lima; pero el Presidente del Consejo de Ministros, José A. Chang, dice que no habrá diálogo si no cesa el Paro.

En vez de diálogo se han enviado a Espinar 600 efectivos de la Policía Nacional y, aprovechando la Resolución Suprema 395-2010-DE, las FFAA participan en labores de seguridad. Nuevamente el gobierno se niega a reconocer los derechos de las comunidades y no respeta su territorio. 

El enfrentamiento con la PNP dejó ya 43 heridos, entre civiles y policías, algunos de bala, 1 muerto y varios detenidos. La sordera del gobierno genera situaciones de confrontación y violencia, como se ha visto en Moquegua y Bagua, con las consecuencias que el país entero lamenta.

Luego de la visita de Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, enviado para interceder y actuar “como puente”, según el Premier Chang, hay calma esperando una respuesta positiva del gobierno a las demandas de diálogo y el cese a la represión.

Las demandas de las comunidades de Espinar son justas y deben ser aceptadas:

Ø Cese inmediata a la represión, y liberación de todos los presos y detenidos, e instalación de una mesa de diálogo de alto nivel. 

Ø Aprobación de la Ley al Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas y Originarios.

Ø Suspensión de la Buena Pro otorgada, y revisión del convenio con la minera Xstrata Tintaya.

Ø Conformación de una comisión multisectorial para investigar inmediatamente, in situ, los actos de represión, violencia y  la violación de los derechos humanos. 

Ø Sanción a los violadores de los derechos humanos, derogación de las leyes de represión y del nuevo decreto legislativo 1095 que permite que la Policía Nacional reprima a los manifestantes con armas de fuego.

Ø Creación de una Comisión MacroRegional, encargada del estudio del balance hídrico y ambiental de la cuenca alta del río Apurímac en el plazo más breve posible, incluyendo una propuesta integral y concertada para el manejo del agua y de los demás recursos naturales del Sur del país. 

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