Casi sesenta días de huelga, a pesar de la represión sistemática y desproporcionada, a pesar de la presencia de tres mil policías y seiscientos soldados en el valle del río Tambo, demuestran la voluntad de un pueblo que heroicamente defiende su terruño, orgullo de la región y del país.  

Más allá de las campañas mediáticas financiadas por el Grupo México hoy propietario de Southern Perú Cooper Corporation, responsable de desastres ecológicos y de maniobras fraudulentas en su país de origen y en España, la verdad se ha ido abriendo paso ante la opinión pública nacional e internacional. Ha sido claramente demostrado que el supuesto Estudio de Impacto Ambiental no resuelve las observaciones que los pobladores han hecho en torno a los impactos negativos del proyecto en el medio ambiente.

No es gratuito que haya crecido en la opinión pública el respaldo a la demanda de que el proyecto Tía María se suspenda indefinidamente. Más aún, incluso lo líderes políticos de la derecha aconsejó al Gobierno suspender temporalmente el proyecto. El penoso discurso del presidente Humala, rehuyendo tomar una decisión al respecto, pues, el gobierno al avalar la emisión de bonos de la empresa por dos mil millones de dólares les garantizó que el proyecto iba de todas maneras, hizo evidente –una vez más- quiénes gobiernan el Perú. Al dejar la decisión en manos de la empresa, confirmó que son los poderes fácticos, en este caso la empresa minera, los que toman las decisiones sustantivas en el país.

Efectivamente en el país existen “territorios liberados”. Pero no son estos los valles y lagunas que campesinos y agricultores defienden contra la voracidad foránea. Los “territorios liberados” de todo control estatal son los territorios mineros que cuentan con regímenes tributarios y laborales especiales, con protección policial que actúa como guardia privada, con bancadas parlamentarias propias. A estos se suman los territorios controlados por poderes fácticos ilegales vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la tala de bosques, etc. La generalizada abdicación del Estado frente a poderes fácticos de diverso tipo es hoy la principal amenaza a nuestra precaria democracia, no la legítima lucha de los pueblos.

La debilidad del Gobierno, su parcialización con los intereses privados del Grupo México-Southern, ha llevado a que el conflicto en el valle del Tambo escale hasta niveles peligrosos. Se han producido muertes, tanto de civiles como de un policía, heridos y diversos daños a la vida, la seguridad y la propiedad pública y privada. Todos estos hechos deben ser investigados y sancionados. Toda forma de violencia es condenable en tanto afecta la convivencia democrática de todos los peruanos y peruanas.

Tras el exitoso paro departamental de Arequipa los días 12, 13 y 14 de mayo, está en curso la convocatoria a un paro macro regional del sur, los días 27 y 28 de mayo. De mantenerse la actitud intransigente del gobierno y del Grupo México, este paro será sin duda una contundente manifestación de respaldo a una lucha justa. Ratificamos nuestra decisión de impulsar dicha acción desde las bases y acompañarla de una jornada nacional de movilización a lo largo y ancho del país.

En una coyuntura marcada por la cotidiana revelación de hechos de corrupción (Belaúnde Lossio, Orellana, Oropeza, Luna Gálvez, Chingel y Aurelio Pastor) y por el acelerado incremento del poder del crimen organizado, ciudadanas y ciudadanos demandamos que se restablezca la autoridad legítima del Estado y que el Gobierno –y no los poderes fácticos- sea quien gobierne. La autoridad legítima no nace de la represión y la arbitrariedad, sino del reconocimiento de la soberanía popular, expresada no solo a través del voto sino también a través de la participación cotidiana de la ciudadanía en los asuntos públicos. La coincidencia del reclamo organizado y la movilización popular con las encuestas de opinión pública ha dado un veredicto claro: el proyecto Tía María no va. La primera medida de una urgente reforma del Estado no puede ser otra que la “desprivatización” del Estado y el restablecimiento del principio de la soberanía popular.

Es por ello que demandamos al gobierno:

• La suspensión inmediata e indefinida del proyecto Tía María.

• El retiro de las fuerzas policiales y militares desplazadas al valle del Tambo a raíz del conflicto

• La revisión del EIA por parte de la UNOPS y no por el MINEM

• La derogatoria de la ley 30230, más conocida como “paquetazo ambiental”

• La reglamentación al más breve plazo de la ley que establece el mecanismo de la consulta previa como requisito indispensable para la puesta en marcha de proyectos de gran envergadura

• La puesta en marcha de un proceso de elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial Nacional que regule el uso de suelos y aguas

• La investigación y sanción de todos los hechos violentos que han cobrado vidas o han provocado daños graves en las personas y sus bienes

• La investigación y sanción de los hechos de corrupción que se hayan producido, entendiendo que estos no solo podrían involucrar a dirigentes sino también a los representantes del Grupo México-Southern

Saludamos y respaldamos la decisión del pueblo del valle del Tambo y de Arequipa de defender su terruño, su campiña, orgullo de Arequipa y del país. En particular respaldamos la iniciativa de que los municipios de la zona desarrollen procesos democráticos de consulta entre la población a fin de que quede claro el masivo respaldo de los ciudadanos y ciudadanas a esta lucha.

Llamamos al conjunto de las fuerzas de izquierda y progresistas del país a dar pasos firmes en la construcción de una sólida unidad, sin vetos ni exclusiones, que levante una propuesta de cambio que impida que situaciones como estas se repitan en el futuro. Las semanas de lucha en Islay y en Arequipa, las numerosas y masivas movilizaciones en diversas ciudades del país demuestran que la unidad es imprescindible. Todos los pronunciamientos de las fuerzas progresistas del país han coincidido en las líneas maestras de la salida al problema del valle de Tambo, similares a las demandas que se incluyen en este comunicado. Reiteramos nuestra solidaridad con las autoridades municipales, líderes sociales y políticos, que son objeto de sistemáticas campañas de desprestigio y amenazas represivas. Así mismo, con los trabajadores mineros que se encuentran en huelga por legítimos reclamos laborales frente a las empresas mineras que no solo saquean los recursos naturales sino también sobre explotan a sus trabajadores.

¡Viva la lucha del valle del Tambo!

¡Apoyo total al paro macro regional de los días 27 y 28 de mayo!

Lima, 21 de mayo de 2015

Comisión Política del Partido Socialista