Souther Perú Cooper Corporation, llegó al Perú en 1953. Explota des¬de 1960 los yacimientos de Toquepala en Tacna y desde 1969 Cua¬jone en Moquegua. El contrato, en complicidad con el gobierno de Odria, empieza declarando que los yacimientos son marginales, motivo por el cual se le concedió importantes beneficios tributarios. Solo pagaba entre 10% al 12% el impuesto a las ganancias. Tuvo una especie de contra¬to de estabilidad tributaria por 25 años y fue autorizada a tener libre dis¬ponibilidad de moneda extranjera por el “factor de agotamiento”, es decir el país le pagaba por que se agotaban nuestros re¬cursos, es más tuvo exo¬neración de los derechos de aduana por equipos e insumos para su actividad minero metalúrgica. Hizo uso indiscriminado del agua del valle de Locum¬ba, deteriorando su cali¬dad y cantidad. Perforo pozos para explotar agua subterránea en Titijones interrumpió el drenaje natural del agua, secando manantiales y malogran¬do el ecosistema del va¬lle de Locumba. Durante años descargó sus relaves en las playas de Ite, contaminando sectores del mar de Ilo y Tambo. La fundición, a 80 Km de Tambo, evacuaba humos sulfurosos que afectaron, dependiendo de la dirección de los vientos, los cultivos de los valles de Ilo y Tambo. Las protestas y lucha de ambos pue¬blos dejaron huellas traducidas en desconfianza al Estado y a la Empresa. El valle de Tambo, afectada constantemente por los humos de la fundición, tuvo movilizaciones y protestas contra la Empresa. El asesinato del Ing. Guillen, líder de las luchas contra la contaminación por los humos en Tam¬bo, nunca fue esclarecido.

SPCC fue adquirida el 2005 por el Grupo México. La desconfianza, abuso de poder, prepotencia y corrupción se quedaron como cultura empresarial con el nuevo dueño. Con el anuncio de explotar los yacimientos mineros de Tía María y La Tapada en Islay-Arequipa, a 3 Km del valle de Tambo, la población recupero la memoria y se movilizó. La protesta originó inicia¬tivas como la consulta hecha por los dirigentes el 2009 al nivel de la pro¬vincia que la Empresa y el Estado la desconocen. Votaron más de 14,000 ciudadanos y los resultados fueron contundentes, el 96% rechazo el Proyecto. Las protestas recrudecieron, el Estado protegió a la Empresa reprimiendo y provocando la muerte de tres pobladores del Valle y denuncio a los dirigentes por alterar el orden público.  

El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con audiencias amañadas y controladas por la Empresa fue rechazado por la po¬blación del Valle. Tuvo más de 100 observaciones identificadas por la UNOPS y los técnicos que apoyaron la protesta del Valle de Tambo. El 2011 el gobierno Aprista declaró al EIA inadmi¬sible, así evito mayores confrontaciones. El 2012 SPCC anuncio que haría un nuevo EIA, las audiencias para este estudio fueron mucho más controladas y con recursos que cubrieron el traslado de participantes desde las ciudades de Arequipa, Ilo y Moquegua. Los técnicos nuevamente observaron al nuevo EIA. SPCC, en una actitud soberbia y prepotente no explico ni dijo como levantaba las observaciones hechas al primer EIA. Nuevamente la pobla¬ción de Tambo se movilizó contra el Proyecto, esta vez la Empre¬sa los confronto con grupos organizados: dieron conferencias de prensa, entrevistas por Tv y se movilizaron a favor del proyecto. En Enero de 2015 SPCC anuncio que ya tenía el permiso del MI-NEM, la población se movilizó con sus nuevos alcaldes: Cocacha¬cra, Dean Valdivia, Punta de Bombón y el alcalde de la provin¬cia de Islay. En Cocachacra los pro-mineros salieron en marcha apoyando a Tía María, organizada con jóvenes traslados desde otras ciudades que se enfrentaron a los agricultores y vecinos que están contra el Proyecto. Este acto tuvo repercusiones en la prensa nacional y local, para la prensa nacional, controlada por El Comercio, era un acto de provocación de los anti-mineros. Para la prensa local, testigo de los acontecimientos, la Empresa estaba provocando y creando un escenario de conflictividad. Después de los hechos, el MINEM declaró que no tenía un pronunciamiento final sobre la licencia ¿Quién dio la noticia y que buscaba pro¬vocar? Pareciera que SPCC quiere la confrontación y ponerse de victima en la controversia. Esto compromete a los alcaldes que no quieren el Proyecto, los pone en la mira de una represión selectiva para descabezar la resistencia al proyecto minero Tía María. Lo cierto, hay una minoría apoyada por la Empresa que comienza hacerse visible, dispuesta a confrontarse en todos los escenarios. El alcalde provincial de Islay, con justa razón, ha propuesta una nueva consulta, con participación del Estado y en igualdad de condiciones, es decir con espacios controlados en los medios y debates técnicos para expresarse democráticamente, así la pobla¬ción tomará su decisión. Una consulta así no quiere ni la Empresa ni el gobierno. El poder fáctico está en contra de la democracia participativa, quiere la democracia representativa que la contro¬la. La joven presidenta del Gobierno Regional de Arequipa no se pronuncia, pese a que firmo un compromiso de apoyo al Valle. No quiere opinar por los efectos que traería una explotación a tajo abierto y concentración de minerales de cobre por lixivia¬ción. El gobierno no sabe cómo enfrentar el conflicto, la repre¬sión aparece como único recurso del gobierno ¿Estamos ante un escenario de esta naturaleza? Todo es posible donde el poder fac¬tico manda y resuelve sus problemas corrompiendo funcionarios.